Reflexión Editorial

Nicaragua estalla de pronto en una insurrección popular. Entre sentimientos acumulados por varios años de gobierno de Ortega, así como por una reforma que disgustó a los dos sectores históricos en pugna: el trabajador y el empresario, se han desarrollado los acontecimientos los últimos días. Es una medida unilateral del gobierno sin que mediara algún tipo de consenso, todo lo contrario fue impuesto vía decreto, generando así el descontento generalizado de una mayoría que estaría viéndose más perjudicada y una minoría cuyos intereses económicos ve violentados. Por ello debe hacerse un somero análisis para tratar de entrever lo que está detrás de este levantamiento.

Con respecto al tema del INSS, las políticas del FMI iban en el sentido conocido: subir la edad para pensionarse y ampliar el periodo de cotizaciones mínimas, lo cual lleva a la primera por añadidura. Es decir, al aumentar el número de cotizaciones, inmediatamente obliga al trabajador a trabajar más para poder cumplirlas, especialmente a aquel no ha estado en la formalidad durante toda su vida laboral. Evidentemente estas dos medidas son completamente absurdas. Sin embargo, el FMI presentó un pliego de unas siete posibles soluciones. Lo que hizo el gobierno, vía decreto (por demás autoritario cuando se jactaba Ortega de reformar el INSS vía consenso), fue aumentar el monto de las cotizaciones y ojo, es de aplaudir la medida de subirle la cotización al empresariado aunque sea un tímido 2%, es lo mínimo que podría hacerse. Sin embargo, aumentar la del trabajador, aunque sea en un 0,75%, es aborrecible en el tanto se sabe que los salarios son deplorables. Y tras de eso, pretender un 5% para quienes no cumplieron sus cuotas mínimas es igualmente grosero por cuanto se responsabiliza al trabajador de los desmanes del capital empleador (o excluyente si lo empujó a la informalidad).

Un estudio muy interesante destaca que el principal problema de la inestabilidad del INSS es, precisamente, la informalidad y los gastos administrativos (la burocracia). Por un lado, el abultamiento del trabajo informal hace que no existan cotizaciones de este sector, lo que por un lado desestabiliza las finanzas de la institución y por otro, mantiene desprotegidas a estas personas. En el caso de los gastos administrativos, se refiere a un crecimiento de puestos que muchas veces están relacionados con las prebendas del poder político. Esto es muy similar a lo provocado por Oscar Arias en Costa Rica cuando en su segundo mandato aumentó los puestos administrativos en la Caja, provocando un aumento del déficit fiscal, mientras lo que más se ocupaban eran los puestos especializados de la salud. Esto, como es sabido, se trata de una vieja práctica política de clientelismo.

Pero más allá de estos datos económicos, la forma como actuó el gobierno es absolutamente repudiable. El uso del despotismo y de la fuerza bruta en contra de quienes se manifestaban, azuzando al mismo tiempo a sus matones militantes para atacar a sus vecinos, demuestra el autoritarismo de un presidente que se escuda en la tradición sandinista para borrar de tajo lo cosechado por la sangre nicaragüense. El poder que ha adquirido Ortega recuerda los mejores años de la dinastía Somoza. Esto ha dado lugar al surgimiento de un nuevo sector rico relacionado con el orteguismo que estaría en pugna con la vieja oligarquía nicaragüense.

Por otro lado, en este costado de la frontera se encuentran análisis un tanto descabellados y algunos bastante raquíticos sobre lo que sucede en Nicaragua. Por ejemplo, hay quienes aseguran que todo se trata de una conspiración imperialista para desestabilizar Nicaragua. Aunque pudiera ser, no se tiene prueba de ello más que especulaciones. El imperio es imperio y siempre tejerá sus tentáculos sobre los gobiernos de la región, no cabe duda que intentarán sacar provecho de esto y el FMI es el que va a la vanguardia como siempre. Por tanto, se sabe que los fondos de pensiones y seguridad social es un tema sensible donde aún se mantiene de carácter público y las intenciones siempre van en camino hacia la privatización. Es una política global no excluyente del tipo de gobierno que esté en el poder. Además, si todo se minimizara a una simple intervención imperial o de la CIA, se estaría irrespetando la inteligencia de quienes trabajan a simples peones o hilos de un poder supremo, lo cual impediría pensar en la capacidad de autonomía de las personas para pensar críticamente sobre lo que les puede o no perjudicar. Eso, además de infantil, sería irresponsable.

Otros no se atreven a señalar responsables en esta situación y hacen llamados a la paz y a la no violencia cuando es el propio gobierno el que sacó su armamento pesado para usarlo en contra de la gente. Eso es todavía peor que cualquier análisis, es sometimiento a intereses espurios que creen que el gobierno de Daniel Ortega es antimperialista, progresista o socialista. Y finalmente están quienes no ven un interés de clase herido en estas reformas. Esto último provoca obnubilar la situación que acontece y engarzan en un solo saco las preocupaciones del sector trabajador y del sector empresarial. Recuérdese, esta reforma afecta a ambos aunque con matices diametralmente opuestos. El empresariado esperaba que esto solo se aplicara sobre quienes trabajan, no sobre quienes emplean. El tiro salió por la culata.

También es irrespetuosa la aseveración de Ortega al pensar que todo se trata de un entramado de cierto partido político para desestabilizarlo y repite la estratégica cantaleta del intervencionismo estadounidense. Bien se sabe que el conflicto lo generó su autoritarismo en esta reforma al sistema de pensiones del INSS y su doblegamiento a los intereses del Fondo Monetario Internacional, sumado a una larga data de corrupción por tantos años en el poder que lo han petrificado en la silla presidencial.

En resumen, el conflicto tiene dos caras: una la de las personas trabajadoras que verán disminuidos sus salarios y jubilaciones con esta reforma; otra la del empresariado que se siente afectado en sus intereses económicos. Todo indica que esto se decantará a lo interno del poder político-económico, por esta razón el gobierno se sentará con el COSEP a negociar, pues hasta el momento no se ha planteado sentar con los jubilados o los estudiantes, todo lo contrario, han puesto los muertos. Si las reformas solo hubiesen sido en contra de los salarios o pensiones, los medios de prensa no se habrían alzado de la forma como lo han hecho y esto habría conllevado, más bien, hacia la criminalización de la protesta social. La burguesía nicaragüense está aprovechando el descontento popular para satisfacer sus intereses de clase. Pero a diferencia de lo que algunas personas creen, no se trata de movilizaciones hechas por los ricos nicaragüenses o por la CIA o similares, se trata de una lucha que parte de un perjuicio directo al bolsillo trabajador. Abajo, entre tanto, se tejen formas de resistencia y organización para enfrentar el poder político, al mismo tiempo ponen los muertos, no habría razón, pues, para negociar con el gobierno. El problema que se viene para esa resistencia es cómo sacar del poder a Ortega y cómo evitar que lleguen otros con tintes similares. En Costa Rica se están preparando golpes similares en contra de las personas trabajadoras, impuestos a las pensiones de un 15%, mientras que los grandes evasores seguirán viviendo en la completa impunidad. Si los de arriba tienen su propia agenda de negociaciones, a los de abajo les tocará seguir luchando en contra de las imposiciones a su nivel de vida.