Criminalización de Luchadores(as) sociales es persecución política

Las calles del país han sido escenario de manifestaciones populares demandando derechos esenciales. El derecho a la salud ha estado en la agenda del pueblo trabajador costarricense desde décadas atrás. Es la clase trabajadora por medio de sus organizaciones sindicales las que dieron batallas épicas, en las primeras cuatro décadas del siglo pasado, para alcanzar las Garantías Sociales y el establecimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social. (CCSS). Pero, la oligarquía costarricense se ha encargado de erosionar las mejoras logradas en el campo de la salud. Las políticas neo-populistas o reformistas y la vigilancia de las organizaciones cedieron, a las enquistadas medidas liberales del capitalismo salvaje imperantes desde mediados de la década de 1980. 

El derecho a la salud se ha precipitado en un precipicio de agudo deterioro. La CCSS ha entrado en una profunda crisis provocada por un gerenciamiento basado en medidas tecnocráticas la desregulación inducida, el desmantelamiento del sistema estatal de salud y la privatización abierta y solapada de los servicios de salud. La CCSS está dirigida en los últimos lustros por gerentes y ejecutivos con una mentalidad de mercaderes y banqueros. No es la Institución con enfoque humano  invirtiendo las cuotas de las masas trabajadoras en el desarrollo de un sistema de salud integral, de atención primaria-preventiva y en un servicio hospitalario eficiente y en desarrollo. 

Los actuales administradores de la CCSS se esfuerzan por la eficiencia en mantener indicadores económicos, no en el desarrollo del sistema de salud.  Siguen al pie de la letra los edictos del FMI y el Banco Mundial preocupados por eliminar el déficit presupuestario, siguiendo la doctrina de “déficit presupuestario cero”.  Las arcas de la CCSS  permanecen llenas, se incrementan las cuotas persistentemente, la atención se hace con criterio empresarial de servicio al  cliente, ya no es el trato humano a la persona poseedora de un derecho vital, se ha entronizado el método del biombo como mecanismo para vulnerar los servicios públicos de salud y desviar a los asegurados (as) a consultorios, centros clínicos y hospitales privados. 

El credo empresarial de la productividad, le eficiencia, la ganancia, la venta y compra de servicios se diseminó en las esferas institucionales como una epidemia. Los criterios de las altas autoridades de la CCSS se anclan en el dogma capitalista de disminuir las inversiones en equipos, infraestructura y personal especializado y, sobre todo en la salud preventiva, porque con ello se le abren las puertas a los capitalistas que se enriquecen ofreciendo  curaciones y hotelería-hospitalaria, al provocarse una insuficiencia en el sistema de salud estatal. Es un cínico e infame acto de auto-sabotaje y corrupción sistematizada en todo el aposento de la institucionalidad del país.        

El derecho a la salud se aleja de los hogares costarricenses y la CCSS convertida en un monopolio público de la administración sanitaria del país, se parece más a un banco que a una entidad encargada de la salubridad ciudadana. El servicio de salud convertido en negocio, la persona enferma en mercancía. Con ese panorama casi dantesco afligiendo al pueblo en general, especialmente a las clases sociales más humildes, se ha organizado una campaña popular de lucha por el derecho a la salud. 

La agitación generalizada ha promovido marchas, plantones, mítines y protestas callejeras. La respuesta de las gerencias de la CCSS y de los gobiernos de turno no ha sido diligente ni respetuosa. Al pueblo en la calle le han recetado el garrote, gases lacrimógenos, humillaciones, cárcel y violación de los derechos civiles más elementales. Aplicando las manoseadas normativas del Código Procesal Penal la persecución contra compañeras y compañeros, se ha visto extremada llevándoles a los tribunales, para seguirles procesos judiciales acusados por presuntos delitos.

Dicha política de la oligarquía tiene el objetivo de intimidar al pueblo sencillo, desmovilizar a las capas sociales arrinconadas por las políticas impopulares, reducir la voluntad política de activistas sociales y descabezar al movimiento popular. Pretenden amedrentar a líderes sociales y dirigentes populares y ejercer una guerra psicológica contra las amplias masas a través de castigos legales, que  sirvan de escarmiento y amenaza. 

Decenas de encartados han tenido que comparecer ante magistrados y fiscales del aparato judicial.  Compañeros y compañeras que se han visto frente a la macabra e injustificada inculpación, por supuestas violaciones que ellos no cometieron. El sistema legal utilizado como instrumento político de coerción contra la ciudadanía que acude a las calles, como único espacio real para ejercer el derecho a decidir, a exigir sus derechos fundamentales y a demandar democracia real. 

Están limitando y coartando el derecho a la protesta que es liquidar el derecho a la libre expresión y el derecho a demandar derechos universales. Se está aplastando el derecho a la democracia participativa, directa, real, entiéndase el derecho de las masas populares al ejercicio soberano del poder, se está desconociendo  al pueblo como sujeto social, protagonista de las decisiones. Las clases dominantes en el poder están moviéndose por terreno minado al criminalizar la protesta social, al activismo social y a la organización popular. Están convirtiendo a la ciudadanía imputada, por el “crimen” de actuar con virtud,  inteligencia política, dignidad y convicción cívica  en perseguidos políticos y reos del Estado. Las cosas andan mal en este país con asomos peligrosos de fascismo en distintas aristas  de la vida nacional.  

Llamamos a la solidarizarnos  con la compañera Luz Marita Arce Soto, estudiante de Trabajo Social, los compañeros Mario Villalobos, docente e investigador de la Universidad de Costa Rica y miembro de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos; Luis Alberto Salas Sarkis, dirigente de la clase trabajadora y miembro de la dirección del Partido Vanguardia Popular; Adrián Jaén España líder popular y miembro de la dirección del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores; Denis Solís Cruz, miembro de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y Luis Diego Retana Solano, estudiante de Trabajo Social, que serán procesados en días próximos en los tribunales del primer circuito judicial de Costa Rica. 

Alto a la represión creciente que es una púa del fascismo amenazante en Costa Rica. Libertad inmediata para Sergio Rojas Ortiz, líder indígena de Salitre, prisionero de las infamias y de la incompetencia  del sistema judicial costarricense. La condena de la compañera Paulina Briones a cinco años de cárcel en los tribunales de Limón, es un acto ignominioso de la oligarquía y una señal más de la estrategia de castigo al movimiento popular. 

La atmósfera de inseguridad ciudadana e impunidad en casos como el de Parmenio Medina Pérez, María del Mar Cordero, Oscar fallas y Jaime Bustamante, Luís Díaz Chinchilla y Jairo Mora, entre otros, trazan una estela tenebrosa y abominable. Asesinatos macabros con rasgos políticos de fondo que elevan la tensión en el ambiente de la lucha social en el país.  

La criminalización de las acciones de calle y los juicios contra al activismo y la lucha social, son partes de  un instrumento represivo que     opera como trampa para hostilizar, amedrantar y torturar a los y las activistas sociales  y, como un aparato de guerra psicológica contra el movimiento popular. El movimiento popular tiene que estar muy alerta a este escalamiento de la persecución de toda actividad crítica, de rebeldía y demanda de derechos desde las trincheras, las congojas y las aspiraciones del pueblo. 

El sistema represivo adquiere tonos pardo-oscuros del militarismo fascista y evidencia un perfeccionamiento de los métodos de hostigamiento, de espionaje, de provocación, de infiltración, de aplicación de la ley o de las formas para el cumplimiento de los sistemas legales y penales; flexibilizados, desregulados y complementados con el objeto de ejercer  escarmiento contra la osadía de las clases populares por salir a las calles a luchar. La profesionalización de los cuerpos policiales, los aparatos secretos y militares y, la adaptación de los códigos procesales y penales a las doctrinas internacionales propugnadas por los intereses geopolíticos de los centros hegemónicos del imperialismo, acentúan el endurecimiento de la política de seguridad y represiva desde el Estado al servicio del capital y de los planes neocoloniales. Es una conexión estratégica que articula la nueva contención social y contrainsurgencia. Se atenta  contra  a las libertades elementales, es un vejamen a los derechos fundamentales y promueve la humillación de los pueblos.  

Estamos ante un desafío que obliga  al movimiento de masas y a los núcleos y colectivos de oposición legítima al sistema político, impuesto por las corrompidas clases dominantes de este país, a pasar con urgencia a planos superiores  de organización, de unión  y de estructuración de la lucha popular.  

Miembro de:

Círculo Bolivariano Yamileth López (CBYLO

Centro Popular Costarricense de Estudios Sociales (CPCES)

San José-Costa Rica

Abril 16 de 2015