Este 28 de mayo hablemos de salud de las mujeres

Cada 28 de mayo, desde 1987, se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Esta fecha, instaurada en Costa Rica en el marco del V Encuentro Internacional Mujeres y Salud, tiene como objetivo llamar la atención sobre las diversas causas de enfermedades, riesgos a la salud y muerte que cada día las mujeres enfrentan en su cotidianidad.

Cuando hablamos de salud no nos referimos únicamente a la ausencia de enfermedad, sino a un concepto mucho más amplio y que muy claramente define la Organización Mundial de la Salud, un nivel máximo de bienestar físico y emocional, integral. Esta, la salud, es parte fundamental de los derechos humanos, ámbito en el que gobierno sigue estando en deuda con las mujeres.

Este 28 de mayo en particular es aún más evidente negación del derecho a salud integral para las mujeres, muy clara en aquellos obstáculos existentes para acceder a una interrupción terapéutica del embarazo (ITE), que bajo la figura de aborto impune es permitido según el art. 121 del Código Penal en casos donde se encuentra en riesgo la vida o la salud de la madre.

A pesar de que el país cuenta con legislación que resguarda la salud de las mujeres y regula la ITE, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) aún no establece las condiciones adecuadas para que este servicio esté al fin disponible para aquellas mujeres que lo necesiten. La CCSS tiene desde hace varios años la Guía de procedimientos para la ITE, validada y avalada por las autoridades correspondientes, pero sin voluntad para implementarla a pesar de una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes y una recomendación hecha en 2011 por el mismo Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), para su urgente aprobación.

Tampoco el gobierno, con Laura Chinchilla al frente, ha mostrado el mínimo interés para resolver esta situación tan grave y el vacío legal existente, que pone diariamente en gran riesgo la vida y la salud de las mujeres, como fue evidente en el caso de Ana (2007) y el de Aurora (2012), ambas con un diagnóstico terrible: un feto con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina (MIVE). Las dos recurrieron al art. 121 del Código Penal para solicitar un aborto terapéutico, el cual les fue negado a cada una en su momento obviando por completo sus condiciones y valoraciones de salud tanto a nivel físico como psicológico, exponiendo y arriesgando su salud y sus vidas.

La negligencia en la falta de aprobación de la Guía ITE lesiona el derecho a la salud integral de las mujeres. Es hora de que tanto la CCSS como el Estado le den la importancia y la protección que se merece la vida de cada mujer, porque la vida de las mujeres no es negociable.