La sangre corre en territorio Indígena

Esa sangre que sigue manando es la de los pueblos indígenas a manos de los mismos victimarios; los mercaderes, usurpadores y mercenarios, colonialistas y neocolonialistas  Blancos (sikuas), que han agredido impunemente a las ancestrales habitantes de estas tierras, a lo largo de los tiempos.

En las últimas horas  han acaecido ataques fratricidas  y ha escalado la hostilidad, la virulencia y el encono contra familias de las comunidades Bíbri y Broran, empeñadas con todo derecho en la recuperación de sus tierras territorio. Grupos de matones armados liderados por terratenientes y acaparadores de tierra y además, probablemente financiados por la transnacional Pindeco Fruit Company, están desplegando la táctica de sitiar y hostigar, atemorizar con una campaña de amenazas de muerte, acorralar a mujeres y hombres indígenas, una permanente guerra psicológica, una cruzada de  infundios por medio de la Corporación mediática empresarial y acorralar a toda costa a los pueblos indígenas en resistencia. La intensificación de la violencia arbitraria y unilateral de los blancos saqueadores es un hecho consumado y un fenómeno real. Agravado con ramificaciones de racismo, latrocinio, odio, despojo y paramilitarismo.

Un factor relevante  que ha incubado el agravamiento de la violencia y el terror contra los pueblos Bíbri de Salitre y Broran de térraba es la inmovilidad, el consentimiento, la gazmoñería,  el disimulo y la complicidad del Gobierno de la República. La información comprobada narra hechos sangrientos, inhumanos y horrorosos ejecutados en las comunidades de Río Azul y  Cebror del pueblo Bribri de Salitre,  y en territorio Broran de Térraba.

Asedio y hostigamiento con disparos de armas de fuego a fincas, campamentos de recuperadores, viviendas y familias indígenas. Como lo denunciara el indígena residente de la comunidad de Salitre de Río Azul Eric Herrera Rojas, el pasado 24 de agosto. Incursiones de escuadras armadas a fincas recuperadas y ataque a trabajadores Bríbri en los propios puntos de faena, asaltos a los hogares de familias indígenas y agresión con macanas, armas blancas y de fuego contra mujeres, hombres, niños, ancianos y niñas. Se ha denunciado que el 30 de agosto anterior fue atacada por la retaguardia del terreno de una finca en recuperación  por Grace Delgado del Clan Tuariwak, del territorio Bribri de Salitre. Ubicada en Cebror la finca en abandono y recuperada por la familia Bribri fue escenario de un asalto por parte de un grupo de 15 atacantes con hierros, machetes y un fusil (arma larga) y liderado por Dina Sosa y Kevin Mora. Además, sufrieron  agresión otras familiares de la compañera recuperadora,  las hermanas Roxana, Heylin y Floribeth Figueroa, dos menores de edad y tres jóvenes labriegos.

Las familias indígenas que laboraban su tierra fueron impunemente golpeadas, intimidades y ultrajadas. Los ataques se han consumado a vista y connivencia  de la policía de la zona, presente durante los actos violentos contra las familias indígenas. Se perciben condiciones de sitio contra la población Bríbri dado el persistente desplazamiento de grupos armados y en maniobras hostiles, de usurpadores blancos  en las calles y alrededores de los territorios indígenas autóctonos. Los asaltos a fincas, terrenos y hogares de  indígenas recuperadores se ejecutan, a menudo, desplazándose  por las calles y cercanías nutridos grupos de terratenientes y matones contratados, que ejercen un efecto de amedrentamiento y tormento psicológico contra las familias indígenas agredidas.

El Individuo William García un sikua provocador que junto a otros no indígenas, terratenientes y saqueadores, entre ellos Thais Vidal abogada y relacionada con personeros del poder judicial y el OIJ,  que ha sido denunciada  ante el ministerio público por atacar e incitar a una campaña terrorista contra  la población indígena;   ocupan las calles de manera intimidante.   El indígena Julián Delgado fue herido gravemente en una mano como resultado de un machetazo, en medio de la irrupción de mercenarios agresores,  a una vivienda de la familia de la indígena  Grace Delgado. Otros indígenas recuperadores del pueblo Bribri de Salitre   han experimentado agresiones en plena vía pública. Entre ellos Julio Calderón Figueroa fue atacado con un puñal por un matón blanco identificado como Kevin Mora Abarca.

El cerco de las familias Bribri de Salitre se ha extendido con incendios de ranchos, hogares, trojas, enseres y aperos de labranza, insumos de trabajo, ropa, muebles, utensilios de cocina y artefactos eléctricos de uso cotidiano.   Dichos hechos asoladores son reiterados y un desplante de feroz venganza, tirria y revanchismo. Es el caso de la quema de la casa del indígena Ademar Figueroa, Elena Ortiz y familia al amanecer del 16 de agosto de los corrientes. Otros hechos similares de hostigamiento  y agresión incendiaria se han presentado en días más recientes,  con secuelas dolorosas  para las familias indígenas recuperadoras. También le incineraron la casa por segunda vez a Mariana Delgado  en Río Azul.  El 1 de setiembre matones armados asediaron el hogar las hermanas Roxana y  Heylin Figueroa Calderón y su Madre Otilia y quemaron el rancho que les daba cobijo. El 2 de setiembre Floribeth Morales Figueroa soportó la agresión de sikuas criminales y el incendio de su hogar en Sipar.

Es conocido que los agresores de las familias indígenas están usando tácticas características del cerco, como cortar el agua, aislar a las personas de las fuentes de abastos de agua y otras provisiones  fundamentales para la vida humana; como medicinas, alimentos, toallas femeninas y leche para menores de edad. Las provocaciones y el asedio propios del terrorismo de  Estado  como el que aplica el Estado sionista de Israel, contra el indefenso pueblo de Palestina y que conlleva crímenes de lesa humanidad.

Un factor nuevo en la táctica de los sikuas terroristas es que ya no sólo operan ocultándose las sombras de la noche,  ahora, lo hacen a la luz del día y en presencia de los efectivos de la Fuerza Pública. Salitre comunidad bajo medidas cautelares prescritas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH (resolución N° 321-12) habida cuenta, de la intensidad de las agresiones y la violencia que ha soportado dicho territorio indígena. Dichas medidas de la CIDH interpela al Estado costarricense a resguardar los derechos y la seguridad de los pueblos indígenas y sus procesos autóctonos, ante posibles agresiones de agentes externos, como los que están siendo perpetrados por acaparadores de tierra, mercenarios y compañías extranjeras. A los  perpetradores de las ocupaciones y atentados contra  casas y tierras de los indígenas, se les permite mantenerse dentro las casas y terrenos invadidos, sin el menor desasosiego y con el mayor cinismo  de la Fuerza Pública.

Amenazas de muerte a líderes y activistas de organizaciones del movimiento popular y derechos humanos y paz, que apoyan y desarrollan acompañamiento y solidaridad con los pueblos indígenas, se están suscitando con frecuencia. La policía se escuda en una espuria neutralidad e imparcialidad. ¿Cómo es esa cosa? No puede mantenerse impávida frente a hechos a todas luces ilegales e inmorales que violentan los derechos de las comunidades indígenas. Con ese proceder  la Fuerza Pública  incumple con la legislación y la responsabilidad de actuar y reconvenir a la gente implicada en violencia y delito, en casos evidentes de agresión a personas, invasión de sus terrenos y destrucción de sus  hogares. La policía es fantoche de los terratenientes y mercenarios, legitima, encubre y se convierte en secuaz de la violencia contra los pueblos de territorio indígena.

Una de las vice-ministras de seguridad: María Fulmen Salazar reduce burdamente los sucesos a una “riña de indios”. Aparte de la horrenda expresión de irrespeto a los pueblos autóctonos,  esa es la orientación que llega a Buenos Aires porque ya lo han repetido como loras los oficiales de la Fuerza Pública en territorio indígena de Salitre. Es ampliamente demostrado la complacencia de las instituciones del Estado, el gobierno central, ministerios y funcionarios del Ejecutivo con las tropelías de los sikuas, forajidos que vulneran la seguridad, la tranquilidad de las familias originarias y atentan contra la vida de personas de todas las edades, niños y niñas.  

 

El objetivo estratégico del Estado burgués y el gobierno actual es desbarrancar el conflicto y presentarlo como una pelea intestina entre indígenas, para desmantelar el proceso  autónomo de recuperación tierra-territorio que han decidido emprender los pueblos de  Salitre, Térraba y en otros territorios indígenas. Testimonios cuentan de la afrenta y ultimátum  contra compañeras  agraviadas por los sikuas violentos, donde los terratenientes,   incitan  a los policías atacar y aniquilar apuntando con el dedo a compañeras específicas. De lo contrario ellos los usurpadores con sus mercenarios a sueldo se encargarán de exterminar a todo aquel o aquella que se atrevan a continuar asistiendo y apoyando a las familias recuperadoras. Esa es una escena macabra realmente surrealista con agresores, portadores de armas, salteadores y fanáticos que se apoderan de la ley, ridiculizan a la policía, les dan órdenes  frenéticamente y toman el poder de hacer lo que les da la gana, incluso  cercenar la vida de las personas. Es una situación insostenible que cuestiona al gobierno, la legislación vigente, la institucionalidad y la estabilidad del Estado costarricense.

La responsabilidad del Ministerio de seguridad Pública, la oficialidad y sus subalternos, así, como del poder ejecutivo en su totalidad, es velar porque se cumpla con la ley indígena 6172 de 1977, el Convenio 169 de la OIT que es de obligatorio cumplimiento para gobierno y la Declaración de las Naciones Unidas sobre  los Derechos de los Pueblos Indígenas. La obligación  del Ministerio de Seguridad Pública es hacer valer la inviolabilidad del territorio indígena y de la vida humana. Los pueblos indígenas y sus territorios son inmunes a cualquier acción  arbitraria o impune; venga de quien venga, que vulnere la legislación y el derecho internacional que garantiza la condición especial y única de los territorios de los pueblos indígenas. Los territorios indígenas según  establece la legislación nacional y los instrumentos internacionales son inalienables, intransferibles, innegociables, inembargables.

La ley 6172 estipula:

Artículo 3. Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para [as comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas solo podrán negociar SLIS tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de estas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las tierras indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros.

La declaración de la ONU dice:

“Alentando a  los  Estados  a  que  respeten  y  cumplan  eficazmente todas sus obligaciones para con los pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados…” “Reconociendo y reafirmando que los indígenas tienen sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos”…

El artículo 43.  Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo.

Artículo 44. Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan por igual al hombre y a la mujer, indígenas.

Con lo que está sucediendo hoy en La Comunidad indígena de Salitre, particularmente la connivencia de las autoridades del gobierno, y los distintos estamentos del Poder Judicial y de la Fuerza Pública con los terratenientes y mercenarios agresores a los pueblos indígenas Bríbri y Broran; se están transgrediendo los artículos de la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de la ONU del 1 al 10, del 17 al 23, del 25 al 30, 32, 34, 35, 37, 38, 40, y del 43 al 46  acápite 3.   

El paisaje se tiñe con la sangre de víctimas inocentes, de las familias indígenas que reclaman los derechos consuetudinarios reconocidos por las leyes nacionales y convenciones internacionales. Un escenario de violencia se está consintiendo y directa e indirectamente, alentado por la inopia, la ineptitud, el consentimiento, la complicidad y la procacidad de las clases dominantes en el poder. Los grupos de la Fuerza Pública patrullan las calles, tienen puntos de vigilancia y retenes; pero,  sólo parecen invitados de piedra a observar el espantoso espectáculo de violencia contra las comunidades Broran de Térraba y Bríbri de Salitre, entre ellas;  Río Azul, Sipar, Cebror y Puente  en sus propias tierras que han decidido recuperar con todo derecho autóctono.

La Fiscalía Indígena en particular y; el Poder Judicial en general, no tramitan diligentemente los recursos de amparo, tampoco sentencian  con justicia pronta y cumplida los procesos legales e investigaciones, para resolver las falsas acusaciones contra líderes indígenas, como es el caso del dirigente Bríbri de Salitre Sergio Rojas Ortiz, y las denuncias    por agresión y asedio presentadas por las familias y comunidades Bríbri, Broran y de otros territorios indígenas. 

Es esta situación una muestra escandalosa de la confabulación de funcionarios judiciales con los terratenientes blancos, usurpadores y  delincuentes de la región y la violencia desatada contra los pueblos indígenas. ¿Está el Poder Judicial consintiendo la iniquidad y el disparate de la violencia?  

La violencia se está desbordando y campea en calles y campos de los territorios Bríbri y Broran de Salitre y Térraba. La huesuda figura de la muerte enseña sus garras sangrientas de la mano de las bandas de usurpadores sikuas y el capital extranjero, la llevan como enseña los matones y mercenarios paramilitares a sueldo, contra los pueblos indígenas.

Los terratenientes invasores de la tierra autóctona incitan al terror y la muerte en prejuicio de las familias indígenas. Los hombres, mujeres, niños y niñas que mueran como resultado de la inacción y la irresponsabilidad del gobierno serán responsabilidad de su dirigente principal, el presidente Luis Guillermo Solís, su gabinete y funcionarios en general  del Poder Ejecutivo. La Asamblea Legislativa tampoco puede evadir responsabilidades, ya es hora que diputados responsables pongan en juego su fuero e inmunidad para apersonarse a territorio indígena y parar  aquella ignominia. Recuérdese el atropello que las representaciones de las comunidades indígenas soportaran en 21010, cuando fueron desalojados de los salones de la Asamblea Legislativa  impune, violenta y oprobiosamente. 

Por órdenes  de la Junta Directiva del Primer Poder de la República y ejecutadas por oficiales de seguridad, mancillaron, arrastraron y vejaron  a líderes de los pueblos indígenas de Costa Rica, que solicitaban se aprobara la Ley   de Autonomía Indígena, que se estaba discutiendo en el parlamento. Esa es la forma como trata el poder vigente en este país a los pueblos indígenas, realmente, los únicos dueños de las tierras-territorio donde hoy tenemos la posibilidad de convivir.

Los pueblos Bríbri de Salitre, Broran de Térraba y otros pueblos indígenas han decidido, desde aquel acto cobarde, ofensivo y atroz de los diputados y diputadas y sus subalternos de aquella administración, iniciar con la más límpida dignidad el conocido proceso de reafirmación territorial autónomo. El movimiento indígena autonómico en lucha ha logrado una hermandad con organizaciones de Derechos Humanos,  centros por la Paz, entidades cristianas  de educación popular, movimientos sociales y organizaciones populares, que se ha extendido al apoyo de la ciudadanía más honrada, digna y comprometida con las demandas más justas por los derechos, como corresponde a la batalla por los derechos de los pueblos indígenas.

En esa medida, ante los momentos cruciales por los que transcurre la lucha en las comunidades de Salitre y Térraba, es urgente que crezca la solidaridad con las comunidades indígenas que han emprendido la reafirmación autónoma de sus tierras- territorio. Es urgente extender la voz de alerta a la solidaridad internacional, especialmente solicitando al apoyo internacional de los movimientos indígenas, populares y sociales de todo el continente americano. Es perentorio interpelar a organizaciones internacionales por los Derechos Humanos, al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel presidente internacional de SERPAJ-AL, a otras personas galardonadas con dicho premio como la indígena guatemalteca  Rigoberta Menchú, a  que se pronuncien y exijan al gobierno de Costa Rica el respeto de los Derechos Humanos en los territorios indígenas, quebrantados por la violencia racista, la saña y el terrorismo  de invasores  blancos (sikuas),  esbirros y compañías extranjeras.

La violación de los Derechos de los Pueblos Indígenas con los hechos impunes e infames que se están suscitando en Salitre y Térraba, es responsabilidad del Estado costarricense, de las oligarquías, viejas y nuevas, que se perpetúan en el gobierno. Los culpables  de los horrores que están sufriendo las familias indígenas en Salitre actúan desenfadadamente, arbitrariamente, despóticamente, a la luz del día y bajo  la oscuridad; en presencia, con  la desidia, la complacencia y la cobertura de los efectivos de la policía.

¿Dónde están las autoridades de ministerios encargados de velar por el cumplimiento de la ley,  de la legislación nacional indígena, de las obligaciones adquiridas con la firma de convenios y cartas  internacionales que declaran los derechos de los pueblos indígenas? A la distancia en los territorios de Salitre y Térraba  se percibe  una confabulación entre los blancos invasores y bandas de agresores, con la Fuerza Pública, el OIJ, fiscales y jueces y representantes del Poder judicial  de la región; particularmente de Buenos Aires. Las familias indígenas vapuleadas, ofendidas y acorraladas están sintiendo y viviendo,  cara a cara, con esa cínica e inmoral complicidad. Las familias indígenas son las sitiadas, las vigiladas, las torturadas, las agredidas física y psicológicamente;   las tiroteadas, las requisadas, las que derraman sangre, las intimidadas, las humilladas  de muchas formas, las víctimas del terror. Pero, los invasores, mercenarios, los confabulados, los violentos, los blancos racistas y sus secuaces se mueven libre y insolentemente en bandas y cuadrillas, armados hasta los dientes y con desplantes hostiles. Reiteramos la exigencia de respuesta y acción del gobierno de Luis Guillermo Solís, la Defensoría de los Habitantes, de la Asamblea Legislativa, del Poder Judicial, de INAMU del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

¿Será que en este país  las mujeres, los niños y las niñas indígenas de Salitre, Térraba y de otros territorios autóctonos, no existen para estas instituciones y para el gobierno, que no cuentan, que no merecen los derechos, que son subhumanos, porque no se les garantizan los Derechos Humanos?  

Sí el Estado burgués actual actúa así: pues es un Estado delincuente y terrorista que permite que se atropelle la dignidad y la integridad física, mental y espiritual con violencia armada de los blancos segregacionistas excitados por intereses de lucro, codicia, estafas comerciales y negocios ilícitos  en territorios indígenas; menos se protegen  los  derechos del niño y la niña indígenas contemplados en la Convención Internacional sobre los Derechos  del Niño, y demás convenios  internacionales respaldadas por las Naciones Unidas y sus agencias; convertidos en legislación nacional en el Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica.   

Para actuar consecuentemente los movimientos, organizaciones  y colectivos de apoyo  al movimiento indígena deben extremar las acciones de solidaridad e intensificar tareas, con el afán de transformar la lucha de las comunidades de Salitre, Térraba y en otros territorios del país, en una lucha  nacional. Esa es una misión que sólo se puede cumplir con una voluntad y una vocación unitaria. No cabe duda que para avanzar en esta lucha es urgente y necesario caminar por el complejo sendero de la unidad. Las distintas organizaciones y colectivos involucrados en la solidaridad y el apoyo a las Comunidades indígenas de Salitre y Térraba, que viven y convergen en lucha; tienen que mostrar madurez política, convicción en los objetivos, decisión en aunar acervo,  recursos, inteligencia, espíritu  de superación, entusiasmo, tenacidad y confluir en un solo torrente de combate.

Solamente combinando sapiente y oportunamente toda nuestra determinación de cohesionarnos y caminar utilizando todas las formas, medios, métodos y vías de lucha; sin escatimar posibilidades, lucidez e iniciativa, sabremos y conseguiremos vencer. Como luchadores y luchadoras por los derechos y, en este particular, por los derechos de los pueblos indígenas, somos luchadores y luchadoras por los derechos humanos. Batalla en la que debemos hacer uso de toda la erudición que nos enseña la historia y comprender la lógica de la creatividad cotidiana.

Sobre todo infundir  en nuestra alma la determinación de luchar y saber que al emprender ese camino se ha decidido mantenerse de pie, abrir los ojos a la vida, levantar la cara al sol y no retroceder jamás. El derecho a luchar por los derechos es el derecho a la rebelión constatado en la Declaración  Universal de los Derechos Humanos. Por ello es el primero y el más universal de los derechos. El que los pueblos oprimidos deben concebir como derecho supremo a luchar para garantizar sus derechos. Llevarlo adelante y plasmarlo en libertad es  esencia de vida y condición para  la paz.