¡Libertad para Orlando Barrantes!

La legalidad es una cuestión de poder, no de justicia. 

El pasado miércoles 16 de setiembre se condenó al dirigente social Orlando Barrantes a 12 años de prisión, acusándolo injustamente de secuestro. El colectivo por el derecho a la protesta social manifiesta su repudio a dicha condena; se considera que es un nuevo juicio político, el segundo que se concreta este año con pena de cárcel. La prisión preventiva que se le aplica a Barrantes y a Iván Angulo no tiene fundamento y es desmedida, pues no existe dentro de este proceso de 15 años ningún indicio de que los imputados hayan intentado evadir la justicia.

Orlando Barrantes fue uno  de los principales dirigentes de una lucha impulsada por las trabajadoras y los trabajadores bananeros que habían sido afectadas y afectados por un pesticida sumamente tóxico; conocido en nuestro país como Nemagón, por su nombre comercial; el cual produce terribles consecuencias para la salud humana, como esterilidad, malformación genética y cáncer.

En diciembre del año 2000, se organiza una protesta para que se les otorgue una indemnización por los efectos ya ocasionados a la salud de quienes fueron expuestos y expuestas al Nemagón. Esta manifestación inicia siendo una marcha pacífica, sin embargo termina en enfrentamiento cuando un nutrido contingente policial le cierra el paso a las y los manifestantes. A Orlando Barrantes se le acusa injustamente de secuestro, sin embargo, las pruebas presentadas en su contra son espurias, pues él nunca estuvo en el lugar de los hechos que se le imputan.

La represión de la protesta social viene en aumento

El proceso judicial contra Barrantes ya lleva más de 15 años y ha sido utilizado también como mecanismo de desgaste para entorpecer el trabajo de organización social, movilización y lucha que realiza Orlando en la zona atlántica del país.

No es un caso aislado, existe una tendencia creciente hacia la criminalización de la protesta social como política de estado durante los últimos gobiernos y que recrudece en la actual administración. Esta política represiva responde al temor que surge en las filas de las élites políticas y económicas de una mayor organización popular y social, producto de la pauperización de las condiciones de vida de la población.

Al igual que en los casos de las personas acusadas por manifestarse en defensa de la CCSS el 8 de Noviembre de 2012 (8N);  el caso de Paulina Briones, condenada a 5 años de prisión por participar en las protestas contra la instalación de la transnacional holandesa APM terminals en Moín, entre otros crasos criminalización; la condena de Orlando Barrantes es una nueva muestra de persecución política, judicialización ejemplificante e intimidación del movimiento popular.

La división de poderes se desvanece, esto lo demuestra la parcialidad del sistema judicial costarricense en el tratamiento de los anteriores casos: ¡mientras Orlando está en la cárcel, siguen libres los asesinos de Jairo Mora!

Ni la represión ni la judicialización nos van a frenar en la exigencia de nuestras justas demandas. Hoy más que nunca la organización de los sectores populares es una necesidad histórica y un deber moral.

Exigimos libertad para las y los presos políticos y el fin de la represión

En el marco del Colectivo por el Derecho a la Protesta Social es que exigimos la liberación inmediata de Orlando Barrantes e Iván Angulo, de la prisión preventiva en la que se encuentran y el sobreseimiento de sus casos y llamamos a la solidaridad activa con los demás casos de represión de la protesta social, las y los compañeros Paulina Briones, Sergio Rojas y activistas del 8N.

Hacemos un vehemente llamado a las organizaciones sociales, movimiento sindical, campesino, estudiantil, partidos de izquierda y activismo en general para que organicemos la solidaridad y la coordinación para resistir los embates de un gobierno y un régimen político que adopta un cariz cada vez más represivo.

¡Por el derecho a la protesta social!

¡Libertad para los presos políticos en Costa Rica!