Los derechos universales sustentan la libertad de Sergio Rojas Ortiz

Oscar Barrantes Rodríguez

26 de Abril de 2015

El hermano Sergio Rojas Ortiz sufre una reclusión que nunca debió existir, porque las razones que aducen las autoridades para su encarcelamiento, son insustentables en las mismas resoluciones que proclaman que no está condenado a guardar prisión, pero que tiene que pagar una fianza, para recuperar la libertad. Porque se dicta una caución, inicialmente de 30 millones de colones y posteriormente de 15 millones de colones, unas pesadas cadenas imposibles de romper por el bolsillo de un labriego de a pie y líder comunal indígena sin ingresos fijos, como es Sergio Rojas.     

 

En la imposición de la desproporcionada garantía obligatoria al compañero Sergio, para alcanzar la libertad, se refleja una intencionalidad encubierta, prejuicios raciales y juicios de valor convertidos en  un acto inmoral y un desatino judicial. Las excusas de la magistratura pueden llenar ergástulas, pero, a Sergio Rojas del Clan Uniwak se le ha encerrado arbitrariamente.

 

¿Qué hay detrás del disimulo con que jueces y fiscales tratan el caso de Sergio Rojas? ¿Por qué se evaden las recomendaciones de convenciones internacionales y declaraciones universales sobre los derechos de los pueblos indígenas? ¿A qué atribuir la saña latente en el proceso abierto sobre suposiciones y acusaciones  falsificadas?

 

Precisamente el CONVENIO 169 DE LA OIT, que tutela los derechos indígenas y tribales en países independientes, propone no aplicar cárcel como castigos penales a indígenas. Menos aún, cuando no hay condenas ni razones para intuir el mínimo motivo para una acción punitiva de prisión, sobre una persona miembro de una comunidad autónoma, que es libre y totalmente inocente, hasta no se pueda probar lo contrario.

 

Llama la atención, además, que Sergio Rojas y otros hermanos y hermanas de Salitre no han sido acusados y por lo tanto no existe procesamiento sostenible. Por lo tanto las acciones de las autoridades consumadas contra Sergio y sus compañeros y compañeras de la organización comunal Bribri de Salitre, son irrazonables, discriminatorias y violentan  los derechos individuales y universales.

 

La detención de Sergio Rojas el 6 de noviembre de 2014, (hace casi seis meses) y los infundados hechos que le imputan, son agraviantes, una bofetada a su integridad personal y una afrenta a la dignidad humana. Las indagaciones del ministerio público en perjuicio de las y los líderes indígenas de Salitre, no han probado nada, se han convertido en un vejamen y son transgresoras   de los derechos humanos.  

 

Los más de cuatro años de investigaciones técnico-judiciales se consideran una injuria a las personas indígenas, laceradas por los engorrosos, groseros y despóticos procedimientos policíacos  que se suman a la larga lista de actos violatorios de los derechos de Sergio Rojas, sus compañeros y compañeras de la Asociación de Desarrollo Integral y de la comunidad indígena de Salitre, toda.

 

Al parecer, las insinuaciones maliciosas que en las mismas salas de los tribunales algunas autoridades han hecho gratuitamente, sobre la persona de Sergio Rojas, son manifestaciones ultrajantes que violentan sus derechos, expresiones calumniosas y un acto pernicioso tendiente a crear estados de ánimo hostiles, hacia el compañero y las comunidades indígenas. Es inaceptable alusiones al supuesto peligro que simboliza Sergio Rojas para la estabilidad, la tranquilidad y seguridad del país. Por el hecho de recibir respaldo y solidaridad de organizaciones sociales y de la ciudadanía costarricense. Tampoco se puede admitir divagaciones sobre la posesión de los presuntos dineros públicos perdidos, haciendo alusión directa al compañero Sergio Rojas.   

 

El marco legal no da pie a dudas sobre la inocencia del hermano Sergio Rojas y de la de sus compañeras y compañeros del gobierno autóctono comunal. Los antojadizos sucesos con los que se han esgrimido ardides legales contra Sergio Rojas y la comunidad Bribri de Salitre, se inscriben en una maniobra política para derrotar la lucha indígena, desacreditar  la dirigencia, desanimar la solidaridad y diezmar las posibilidades de apoyo nacional a las acciones del pueblo Bribri de Salitre, decidido a recuperar la tierra/territorio que les pertenece por derecho consuetudinario.      

 

El pueblo indígena de Salitre en pleno ejercicio de sus derechos ha emprendido un proceso de afirmación territorial autónomo orientado a la recuperación autónoma de tierra-territorio. Ello, conforme a lo dispuesto por  “la Ley Indígena, su Reglamento, el Convenio 169 de la OIT, las Resoluciones Judiciales Agrarias nacionales y de la Corte Interamericana de DDHH, todas relacionadas con el Derecho a la Tierra/Territorio”. También le respalda la Declaración universal sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General de la ONU, en su sesión plenaria 107 del 13 de setiembre de 2007. 

 

No estamos  ante un conflicto entre indígenas y terratenientes, incluidos intereses transnacionales. No, la acción de los pueblos indígenas es legítima y en buen criterio, es simplemente el acto de rescatar lo que por autoctonía les atañe y  que por legislaciones, normas y convenios internacionales les es dado. Es el acto de recobrar las tierras-territorio, redimir las tradiciones, salvar lo vernáculo y  reconquistar todo el acervo ancestral ante la invasión, el latrocinio, la usurpación y el genocidio desatado por más de quinientos años. 

 

En la actualidad, los conquistadores contemporáneos y merodeadores de toda ralea como: latifundistas, mercaderes, políticos corruptos, compañías extranjeras y traficantes de tierra han introducido la violencia en territorio indígena. Por lo que sencilla y abiertamente los ocupantes y saqueadores entrometidos en territorio indígena, tienen que abandonar la tierra acaparada y retirarse, sin más ni más. Al buen entendedor pocas palabras.

 

Establece la declaración de las Naciones Unidas que: “Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos”. Refiriéndose a los territorios indígenas.  Y agrega: “Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate”. Instituye la ley 6172 del Estado costarricense: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas solo podrán negociar esas tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de estas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo con las consecuencias legales del caso”. Entonces, a quienes hay que llevar a los tribunales, y tienen que estar en la cárcel, son los invasores y defraudadores de territorio indígena y los negociantes de tierra autóctona, no Sergio Rojas; por lo que exigimos su liberación inmediata. 

 

La mancha sikua ha invadido con su colmillo inmundo   los territorios de Salitre. Contrario a las pervertidas y falsificadas campañas de la prensa capitalista que miente burdamente sobre los pueblos indígenas y sus líderes,   son los terratenientes blancos, Pindeco y las mafias entronizadas en la zona  las que han esparcido los actos delictivos, han azotado a las comunidades indígenas con agresiones, y han asolado el territorio de salitre con vandalismo y actos de terror. 

 

Siguiendo al pie de la letra lo que instruye la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, que indica: “Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona.2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia”.

 

El pueblo de Costa Rica representado por las fuerzas sociales comprometidas con la justa lucha de los pueblos indígenas, y particularmente, con la batalla que libra el pueblo Bribri de Salitre,  exigimos al Estado costarricense y a las autoridades judiciales  la libertad de Sergio Rojas Ortiz y  detener  todas las formas de violencia e impunidad contra las comunidades indígenas. 

 

Resarcir, como lo manda el derecho nacional e internacional, a los pueblos indígenas de Costa Rica y a la comunidad de Salitre,  por los daños sufridos por la expoliación de la tierra-territorio, por el agravio y el quebrantamiento  la   integridad física y moral de muchas familias del pueblo Bribri de Salitre, por el detrimento de la paz y del derecho a la libertad, por el menoscabo de la identidad, las tradiciones y fundamentos culturales  de las comunidades y clanes indígenas.   

 

La opresión contra las comunidades indígenas y la tiranía que atenaza a la comunidad Bribri de Salitre, desde los intereses capitalistas y las bandas de matones, debe acabar ya.

 

¡Sergio Rojas libre!

¡La lucha de los pueblos indígenas se fortalece¡

¡Las Comunidades de Salitre viven en la resistencia cotidiana!

¡La recuperación de tierra/territorio va y va!

 

Miembro de:

Círculo Bolivariano Yamileth López (CBYLO)

Centro Popular Costarricense de Estudios Sociales (CPCES)

San José-Costa Rica

Abril 23 de 2015

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Comentarios: 1
  • #1

    Vicky Acuña (martes, 28 abril 2015 06:15)

    La indignación y la vergúenza que nos agita ante las injusticias cometidas en contra de los pueblos indígenas de Costa Rica, nos tienen que dar fuerza para visibilizar esta injusticia. Muy bien Oscar tu forma de expresar los concceptos que están siendo violados y mancillados tristemente por el estado de C R. Todos estos hechos nos deben mover a que la sociedad en su conjunto los repudie, pero eso solo sucederá si la conciencia de esta sociedad despierta.

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