A Propósito del Tema de la Educación... ¿Y por qué no? También del Agua

La Ley de Creación de Empresas Municipales, Número 8828, plantea algunas interrogantes a la luz del contexto histórico en el que nos encontramos y el cual gira en dos ejes: primero el relacionado con la coyuntura de los últimos diez años donde se ha continuado el proceso aperturista y privatizador de las instituciones del Estado, cuyo acabose terminó siendo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, donde el poder económico logró su cometido, iniciando el proceso con el Ajuste Estructural y concretándolo con dicho tratado; y segundo, con el contexto inmediato del cambio de gobierno donde algunos proyectos de ley muy dudosos están entrando a la corriente legislativa para ser debatidos por el nuevo gobierno, tal es el caso del proyecto de Ley General de Electricidad, el proyecto de Ley General de la Relación Pública de Servicio y ahora lo que es la Ley para la Creación de Empresas Municipales, las cuales, de manera indirecta y otras de manera tajante, plantean el desarrollo pleno de un mercado capitalista con la seguridad social, las conquistas sociales y los servicios públicos.

Es así como, tras un breve análisis de la Ley para la Creación de Empresas Municipales, se desprenden algunos asuntos que, a la luz de la coyuntura histórica actual, se manifiestan algunas cuestiones, dejando algunos portillos abiertos para posibles privatizaciones de ciertos servicios públicos como el caso de la educación y el agua.

Pero ahondando en el tema educativo debemos plantear la necesidad de una nueva reforma. La descentralización, en este sentido, planteada en el plano curricular, debería ser la premisa para atender los problemas locales o regionales desde una perspectiva educacional diferente y acorde al contexto y necesidades comunales. Sin embargo, plantear que las potestades del Ministerio de Educación Pública se trasladen al ámbito municipal, en las condiciones actuales es peligroso. Veamos esto a la luz de nuestro ordenamiento jurídico actual.

Por un lado, tras la aprobación de la Ley General para la Transferencia de Competencias y Recursos a los Gobiernos Locales, se deja la posibilidad de descentralizar ciertos servicios y recursos para pasarlos a manos de los municipios con el fin de “agilizar y mejorar la eficiencia” de acceso a estos rubros, tal y como queda expuesto en el artículo 2 de esta ley. 

Así mismo, el artículo 6, inciso III) promueve “descentralizar la prestación de los servicios públicos que brinda el poder ejecutivo y mejorar la calidad de los servicios básicos que se prestan a la población.”, por lo tanto, deja abierta la posibilidad que la educación pública, como servicio básico brindado por el Ministerio de Educación y este a su vez como ente subalterno al poder ejecutivo, pase a manos de las municipalidades. Sobre esto último se ha discutido mucho en Costa Rica a raíz de los procesos descentralizadores llevados a cabo en Centroamérica en materia educativa, cuyas críticas no se han hecho esperar a nivel regional debido a la tardanza de nuestro país en este ámbito, es decir, el de pasar la educación pública a las municipalidades.

Mas esto debe ser sujeto a una vigilancia aguda por parte de la población, pues, teniendo en cuenta las limitaciones económicas y administrativas de la mayoría de los cabildos a nivel nacional, la educación no podría ser sostenida ni manejada por dichas instituciones. Además se agudizarían los casos de corrupción en nombramientos, pago de salarios, presupuestos, infraestructura, entre otras. 

Por lo tanto, ¿es necesario un sistema educativo descentralizado? Obviamente, en especial por lo expuesto líneas arriba, pero esto no puede llevarse a cabo cuando las desigualdades locales son tan evidentes, en especial lo referente al acceso a los recursos y presupuestos para atender una necesidad de tan alto calibre como lo es la educación pública. Por tanto, esta descentralización no puede ser expresa ni irresponsable, sino gradual y tomando en cuenta grandes reformas sociales nacionales, las cuales ni estamos preparados para ellas ni existe la voluntad política para efectuarlas.

Por otro lado, pensando en el supuesto de la descentralización de la educación hacia las municipalidades, se plantea el dilema con la nueva Ley para la Creación de Empresas Municipales donde los cabildos tendrían la potestad de crear sociedades mixtas para el manejo de ciertos recursos y servicios. 

Pues bien, imaginemos la educación pública en manos del municipio, en especial aquellos donde los recursos son limitados y las posibilidades de administración se minimizarían aún más por la falta de presupuesto y compromiso, pues la municipalidad podría poner a funcionar una escuela o colegio público con un 51% de capital municipal y el restante 49% con capital privado. Sin embargo, el problema no radica ahí, el artículo 6 de dicha ley contempla que “Las empresas municipales de economía mixta podrán vender las empresas formadas, cuando así lo decida la asamblea de accionistas, dicha venta debe obedecer a razones de interés público debidamente justificadas y a través de los procedimientos concursales de la normativa sobre contratación administrativa.”, por lo tanto, se podría pasar a manos privadas la institución educativa, en este supuesto caso, por completo.

Esta es la misma preocupación planteada, en su momento, por algunos diputados del Partido Acción Ciudadana y de José Merino del Frente Amplio tras el proyecto presentado por Ovidio Agüero del Movimiento Libertario. “Mediante esta norma se propicia y autoriza por ley la venta de acciones y otros conocidos portillos para la privatización total para la venta de estas acciones” aseveró Merino en aquella oportunidad. Así es como algunos servicios trascendentales para las localidades como la recolección de basura, entre otros, podrían formarse con capital mixto; esto no excluye en un futuro el agua y la educación si se hiciesen las reformas legales y constitucionales pertinentes, ampliando las posibilidades del sector privado para controlar estos servicios con las severas consecuencias sociales del caso.

Por ahora son solo especulaciones, sin embargo queda en el tapete para su discusión.