Integración o autonomía: las dos caras de la moneda para los indígenas

El desarrollo de los acontecimientos políticos alrededor del tema indígena en Salitre de Buenos Aires de Puntarenas, trae consigo un eje de discusión que se ha manifestado muy sutilmente, casi imperceptible para la persona promedio que no tiene mayor relación con el tema, pero que trae implicaciones muy importantes en el plano económico según las reglas del sistema imperante. Esta sutilidad es tal que se impregna del discurso de aquellos que están a favor o en contra de lo que la ley y la justicia claman como verdad en este momento coyuntural que vive el país con los indígenas.

La detención de Sergio Rojas, indígena bribri, trajo a la palestra un tema que controversia la legislación costarricense, así como los fundamentos ideológicos de partidos de izquierda con cuota de poder en la actual Asamblea Legislativa. Se trata de las propuestas integracionistas o autonómicas referentes a los procesos de recuperación de tierras, modos de vida y discusión sobre los “modelos de desarrollo” indígenas.

Partidos como Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana o Acción Ciudadana, parecen manejar una sola línea discursiva que se enfoca en dos vías concretas: la privatización tal cual de los territorios (esto es por medio de entrega de títulos de propiedad regulados por leyes de mercado) o el integracionismo de las poblaciones en pugna, es decir: sikuas (no indígenas) y poblaciones indígenas. Por otro lado se encuentra el partido Frente Amplio, cuyo discurso se divide en dos tendencias internas (o es lo que pareciera): el integracionismo y la autonomía. Sin embargo, la que maneja la cúpula es, en definitiva, la primera opción.

En el caso del Frente Amplio, se plantea la posibilidad de un integracionismo donde sikuas e indígenas puedan compartir el suelo para la producción o, en última instancia -y esto es particular de todas las fuerzas políticas partidarias- que se indemnice a los actuales usurpadores de los territorios, lo cual es absurdo.

Debe recordarse que la vigente ley indígena (artículos 3 y 5) solo concibe la indemnización para los ocupantes de territorios que, “de buena fe”, tenían su propiedad antes de crearse la condición de “territorio indígena”, es decir, antes de la ley misma. Sin embargo, la mayoría de los invasores se han apropiado de forma ilegal e ilegítima de esas tierras cuando ya la ley existía y no puede alegarse, por tanto, una indemnización: simplemente deben abandonar el lugar.

El integracionismo es peligroso, pues no es otra cosa más que el intento de insertar al indígena en las prácticas de mercado. Al buscar esta pseudo integración, lo que se plantea es la legitimación de la apropiación ilegal (fundamento también ilegítimo si se considera la naturaleza misma de la propiedad) de los territorios por parte de no indígenas.  ¿Y los campesinos sikuas? ¿Acaso no tienen derecho estos al acceso a la tierra? Por supuesto que sí, pero no estas. Debe recordarse además que muchos sikuas no son precisamente campesinos, muchos tienen tierras y recursos materiales fuera de los territorios indígenas. Por lo tanto, muchas falacias se decantan en los grandes medios y en el discurso partidario dentro de la Asamblea Legislativa o en Casa Presidencial. El integracionismo nace de “la necesidad de los Estados por contrarrestar la fuerza del movimiento indigenista en favor de sus derechos y reivindicaciones” [1].

El territorio indígena es sustancialmente distinto de la propiedad privada, incluso de la colectivizada. Los aborígenes tienen gran cantidad de tierras porque su función es, primordialmente, la conservación, el equilibrio entre la persona y la naturaleza donde esta suministra lo necesario para vivir. La propiedad privada, e incluso la colectiva, se destinan (dentro del sistema imperante) a la producción más allá de la satisfacción personal. Tiende a la acumulación y a la generación de excedente. Así que mientras exista la forma actual de posesión de la tierra (privada) y mientras exista la forma de producción capitalista (acumulación y exceso de producción para la necesidad personal y no colectiva), difícilmente podría pensarse un modelo integracionista.

Los campesinos tienen derecho a la tierra, por supuesto. Las fincas que otrora entregara (y que sigue haciendo) el Estado a través del IDA y que quedaron en manos de grandes transnacionales, debe ser recuperada. El problema es que el sikua ataca al débil y no al fuerte. Los partidos, sin distingo, se suman al mismo juego. Se opta por la integración de dos visiones de mundo distintas, incompatibles en su misma naturaleza, incomprensibles para los políticos de oficina y de Asamblea.

La única opción viable en este dilema es la autonomía. Debe permitírsele al indígena decidir sobre sus territorios, sobre sus formas de organización, sobre su administración. Los partidos, al menos los de izquierda, deben enfocarse en cooperar para la conformación de estructuras autonómicas, no ser un obstáculo en la autodeterminación de los pueblos indígenas. Los partidos de izquierda deben modificar la vieja ortodoxia de “tierra para quien la trabaja” y agregarle también “para quien la conserva”.

El enemigo no es el indígena que ha decidido cuidar sus hectáreas territoriales para obtener recursos de la naturaleza mediante un equilibrio. El enemigo es el gran capital que se apropia del suelo y de la vida humana, que todo lo mercantiliza. El enemigo es pues, la transnacional que ha robado la tierra a los campesinos sikuas en complicidad absoluta con el Estado y su despreciable gobierno. La autonomía indígena es la herramienta para mitigar la presión que existe sobre sus territorios, al menos mientras las grandes transformaciones sociales hagan su aparición.

Notas

[1] López y Rivas, G. (2015). ¿Antropología para el poder o antropología para el pueblo? Ponencia para el Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla, p. 13.