Sobre el Banco Mundial y la Universidad

José Solano Solano

30 de Mayo de 2013

La autonomía universitaria es un fenómeno peculiar de Nuestra América. La misma fue producto de los conflictos civiles y los gobiernos autoritarios desde finales del siglo XIX. Será la reforma de 1918 en Córdoba, Argentina, la que inicie con el proceso de creación de las autonomías universitarias.

 

Las políticas mundiales de hoy buscan resquebrajar este principio constitucional latinoamericano, continuando lo que las dictaduras fascistas no pudieron en décadas anteriores: controlar el quehacer universitario hacia los fines del capitalismo. Es así como el Banco Mundial hace su aparición en la escena de la legitimación de la lógica del Mercado. Costa Rica, como es evidente, no ha sido la excepción a esta dinámica de la oferta y la demanda donde la autonomía se ha convertido en la piedra angular para el desarrollo del país y en el estorbo para el neoliberalismo de las instituciones financieras que pretenden la creación de un gobierno global con instituciones globales (no se extrañen, pues, de una universidad global que lleve sus esfuerzos hacia los fines del mercado).

 

Respecto a Costa Rica, el Banco Mundial es muy claro. Establece en el artículo Competitividad en Costa Rica (2009) que la Educación Superior debe mejorarse, pero “los mecanismos de financiamiento tradicionales usados en Costa Rica, combinados con autonomía universitaria, limitan la capacidad del gobierno de influir enormemente el sistema. Se requiere la búsqueda de mecanismos de financiamiento flexible y de otros incentivos para promover las mejoras en los programas y el desempeño universitario.” [1]

 

Es decir, la autonomía universitaria, según este organismo financiero, es un estorbo para hacer cumplir las metas del sistema mundo; es una limitante para que los gobiernos neoliberales puedan moldear los programas de estudio, eliminar la libertad de cátedra y desfinanciar los programas sociales, todo con el fin de equiparar los centros superiores en la lógica de la competencia encarnizada del mercado, donde el sector privado arremete contra la universidad pública.

 

Pero, según Winkler, representante del Banco Mundial, la autonomía universitaria es una “debilidad del gobierno en su trato con las universidades públicas” o incluso aseverando que durante las dictaduras de Seguridad Nacional, las juntas militares “le han tenido gran respeto a la autonomía” [2], cayendo en posicionamientos cuasifascistas en los que se atreven a atacar la “debilidad” de las dictaduras por no haber acabado con la autonomía universitaria.

 

Continúa el mismo Winkler (1990) en el documento del Banco Mundial que los “obstáculos más significativos para el mejoramiento de la eficiencia de la universidad son [entre otros] el énfasis en la autonomía universitaria que rechaza las políticas que vienen del gobierno (o de los administradores universitarios).” [3] Y dato interesante, los posicionamientos de la OCDE no andan muy lejos de la perspectiva del organismo financiero, esto puede desprenderse del documento “Exámenes de las Políticas Nacionales de Educación: México, Educación Superior”, publicado en 2002.

 

Para el Banco Mundial, las decisiones a lo interno de la universidad las debe tomar el gobierno, aunque no es muy directo al establecerlo, pues para ello se han creado mecanismos supranacionales que injieren directamente en la administración de la educación superior, sobra decir que ese instrumento es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el cual pone en peligro parte de los derechos adquiridos desde mediados de siglo XX, mismos que se contemplan en los capítulos 10 y 11 y en ciertas cláusulas de los anexos I y II de dicho tratado. Para lo anterior puede consultarse la Gaceta Universitaria 7-2006 del Consejo Universitario de la UCR.

 

Sin embargo, las acciones del Banco Mundial van encaminadas hacia el financiamiento, así que, cuando este organismo habla de autonomía, debe entenderse desde el punto de vista financiero, pues, como quedó aclarado, aborrece las demás aristas de este concepto. Y afirma el Banco Mundial que la autonomía “resulta ser en gran medida un concepto vacío mientras las instituciones dependan de una única fuente de financiamiento fiscal.” [4] Es decir, el Estado debe, poco a poco, irse desligando de la universidad en materia financiera para dejarla en manos de los recursos económicos internacionales.

 

Pero el Banco Mundial es claro en que la universidad pública debe orientarse hacia el intercambio internacional. ES así como el organismo espera que “los programas de enseñanza e investigación respondan a la evolución de las exigencias de la economía”, pero más peligroso aún es cuando el Banco Mundial continua aseverando que “la participación de los representantes del sector privado en los consejos de administración de las instituciones de enseñanza superior, públicas y privadas, puede contribuir a asegurar la pertinencia de los programas académicos.” [5]

 

No debe extrañar, pues, que estos mecanismos de financiamiento del Banco Mundial vayan condicionados a posteriori hacia la obtención de estas metas. El objetivo último de esta organización es suministrar las herramientas para la creación de un único mercado globalizado en manos de poderosos sectores privados. Firmar acuerdos con este Banco es legitimar el endeudamiento futuro y pasado (PAE I, II y III), es legitimar las cláusulas del TLC con los Estados Unidos, es violentar la autonomía consagrada constitucionalmente, pues desde los planteamientos ideológicos del mercado y por ende del Banco Mundial, esta es solo un estorbo para el logro de los objetivos transnacionales, del capital privado, del Nuevo Orden Mundial.

 

Notas

 

[1] Banco Mundial (2009). Competitividad en Costa Rica. Documento del Banco Mundial y el gobierno de Costa Rica, p. 25

[2] Winkler, D. (1990). Higher Education in Latin America. Issues of Efficiency and Equality. World Bank Discussion Papers, p. 15

[3] Op. Cit.

[4] Banco Mundial (1995). La Enseñanza Superior. Las lecciones derivadas de la experiencia, p. 44 (Según documento de la UCR)

[5] Op. Cit., pp. 48-49 (Según documento de la UCR)

 

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