Un proyecto de ley que jamás fue de iniciativa popular

Las presiones que se ciernen sobre la aprobación del proyecto de ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico son muchas. Desde el proyecto inicial, supuestamente de iniciativa popular, hasta el último actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, hijo del primero, la intencionalidad de abrir portillos para la privatización del agua no cesan. Lo que se esconde detrás de estos proyectos no es un plan orquestado por las cámaras agropecuarias, aunque definitivamente se verán beneficiadas, sino por los grandes organismos internacionales, en especial la GWP, el brazo hídrico del Banco Mundial.

Sin embargo, quienes se han opuesto vehementemente a estos proyectos de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, se les ha tachado de todos los epítetos habidos y por haber. Solo por recordar algunos están las “locas del agua” y los “sumadores de las fuerzas de derecha”, los “vivillos”, los “quinta columnistas al servicio de los poderosos”, los “lobos con piel de oveja”, “los vendepatrias”, entre muchos otros. Incluso estos epítetos, cargados de bastante violencia simbólica, permiten comprender los oscuros intereses que han estado –y están– detrás de estos proyectos, incluso del mal llamado de “iniciativa popular”. Por esta razón, es importante ir más atrás en el tiempo, a la década de los noventa del siglo pasado e inicios del siglo XXI para poder generar un panorama más amplio sobre lo que se esconde en la “gestión integrada” del agua y reconocer que esto no se trata de mera paranoia o conspiración.

Para empezar, es menester recordar que la “GWP fue establecida en 1996 para fomentar la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH)” [1] cuyos miembros fundadores son el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial, cuyo trabajo se remonta a 1995 [2]. Incluso, el propio Banco Mundial asegura que “ha sido un miembro activo de GWP desde sus inicios. (El Banco Mundial diseñó el primer foro de asociación electrónica para ser utilizado por GWP en 1997, y continúa apoyando su misión)” [3].

La base de la GWP radica en la Conferencia de Dublín de 1992, cuya base de principios es la que rige a todos los proyectos de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, donde el más polémico es el que reconoce el agua como un bien económico [4]. Para la GWP, “la existencia de mercados de agua es corolaria del carácter económico del agua. Son una herramienta útil para optimizar el uso de éste recurso” [5], sin embargo, para este organismo, “el agua no es una mercancía ordinaria” [6], pues esta cuenta con una serie de atenuantes que la hacen más frágil en el mercado respecto de otro tipo de mercancías.

Para la GWP, “la propiedad es a la ley lo que la escasez es a la economía. La ley y la economía no están separadas ni son mutuamente excluyentes, sino más bien son interdependientes respecto a forma y contenido, así como fines y medios” [7]. Esto quiere decir que la ley que defiende la propiedad determina el valor económico de cambio sobre los valores económicos de uso escasos. Un simple juego de palabras para definir que el agua es un bien económico que escasea y es, por tanto, necesario proyectarlo bajo la ley de la oferta y la demanda con tal de someterla a las supuestas regulaciones económicas que genera la competencia. Si el agua es un bien escaso pero vital, implica que cualquiera pagaría el precio necesario para obtenerlo. Como puede notarse, se hace una distinción clara entre lo que significa bien económico y valor económico. El agua, como tal, posee un valor de uso el cual debe ser resguardado y mantenido, mas esto no implica su generación de plusvalía, sino solamente aquel pago de servicio que conlleve su resguardo y manutención, en tanto bien público.

Pero al definirse una propiedad sobre el agua, esta implica la generación de plusvalía y la convierte, necesariamente, en lo que la GWP llama “mercancía”. La mercancía es un bien de cambio propiamente que tiene un valor monetario que supera su manutención y resguardo, así como la ganancia de quien la posee. Si la propiedad es inherente a la escasez, como afirma la GWP, entonces se entiende que si el bien es escaso es necesaria su privatización para que sean las fuerzas de la competencia las que ofrezcan un mejor acceso al recurso, pero este mejor servicio conlleva irremediablemente un costo económico mayor en tanto implica finitud, calidad y cantidad al mismo tiempo. Por eso es que no es una “mercancía ordinaria”, pues incluye “aspectos del bien público; efectos externos; competencia imperfecta; riesgo, incertidumbre, información imperfecta; potencial para ineficiencias e injusticias sociales y ambientales, y vulnerabilidad a la monopolización [8]”.

De esta forma, y bajo estos principios, es que la GWP ha estado interesada y ha impulsado a nivel internacional la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos como “un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, el suelo y los otros recursos relacionados, con el fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales” [9]. Este concepto fue diseñado por el Comité de Asesoramiento Técnico y es la vía para el trabajo de los diferentes proyectos de ley a nivel mundial que llevan por título “Gestión Integrada del Recurso Hídrico”. Por lo tanto, queda de forma palpable que este mecanismo de políticas globales internacionales del Banco Mundial tienen un impacto directo sobre la formulación de las leyes nacionales en decenas de países.

En el caso de Costa Rica, la Gestión Integrada del Recurso Hídrico empezó a trabajarse tempranamente en el año 2002. En palabras de Jorge Mora Portuguez, de la organización ARCA,

A inicios del año 2002, la Asociación Mundial del Agua (GWP) ofrece facilitar la conformación de un grupo de trabajo con los equipos que formularon los 3 proyectos, para tratar de unificar los tres textos. Se impulsa un amplio proceso de discusiones y consultas con diversos sectores sociales por todo el país. Hasta que dos años después, en el 2004, se tiene un texto ampliamente consensuado (a excepción de algunas cámaras agrícolas y empresariales que se negaron a participar). En el año 2005 el texto recibe dictamen afirmativo de la Comisión de Ambiente y pasa a Plenario. [10]

Como se puede demostrar, el proyecto de ley de iniciativa popular solo fue una mampara para que se impusiera una política global del Banco Mundial a través de su GWP. Nótese por ejemplo que el Grupo Técnico del Agua, en 2004, presenta su memoria del proceso que llevó a la cristalización del proyecto llamado de “iniciativa popular”, en el cual, tras la realización del primer Foro Nacional del Agua, se acordó la conformación de este Grupo

con representantes de los equipos que trabajaron en los tres proyectos de ley, así como por técnicos y profesionales del Misterio de Ambiente y Energía (MINAE), de la Defensoría de los Habitantes, de la Asociación Mundial del Agua de Centroamérica (GWP-CA), de la Fundación para el Desarrollo Urbano (FUDEU) y del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA). Este Grupo Técnico del Agua (GTA) elaboró un estudio comparativo de las tres propuestas; concluyó que era posible su armonización en un texto único y emitió una serie de lineamientos y recomendaciones para su integración en un solo proyecto. [11]

Por lo tanto, es mentira que quienes recolectaron firmas y, por ende, quienes también firmaron aquella “iniciativa popular” gestaron un proyecto de interés público y social sobre el agua. Quienes estuvieron inmersos en este proceso solo conocieron un párrafo que encabezaba las listas de firmantes que poco decía sobre las verdaderas intenciones y los trasfondos que conllevó el posterior proyecto de ley dado a conocer públicamente. Ni la sociedad civil fue partícipe (nuevamente demostrado en el párrafo anterior) ni mucho menos tenía conocimiento real sobre lo que llegaría a ser ese proyecto.

El solo nombre de “Gestión Integrada del Recurso Hídrico” es motivo para encender las alertas sobre las intenciones y el trasfondo que trae cualquier reforma sobre la ley de aguas. Ese es un invento de la GWP para gestionar los mantos acuíferos escasos a través de la privatización y comercialización. El proyecto abre portillos a través de muchos tecnicismos que generan ambigüedad, vacíos y recovecos que no brindan claridad y se prestan a múltiples interpretaciones que, en última instancia, estarán en manos del poderoso brazo político de la DINA.

Quienes firmaron y fueron colaboradores de este proceso en su recolección, fueron vilmente engañados. El proyecto de ley estaba ya listo, fue armado por la GWP y sus adláteres institucionales de este país y necesitaban ingresarlo por un mecanismo que lo legitimara, tal es el caso de la “iniciativa popular”. Mas inmediatamente se dio a conocer el proyecto, las voces engañadas empezaron a dar la alarma sobre lo que realmente estaba ocurriendo. El proyecto jamás estuvo manoseado, siempre fue una creación con intereses espurios. Todas las demás modificaciones que se hicieron a posteriori del proyecto de “iniciativa popular” siguen respondiendo a los principios de la GWP en su forma y fondo. Todas estas modificaciones son, por tanto, hijas de un mismo parto. Pero en el tanto el proyecto original ya daba pie a la desprotección y posible privatización de los mantos acuíferos, todos los proyectos venideros tenían la mesa servida para incluirle los caprichos personales a los diferentes grupos de presión.

Ahí queda lo sembrado hace más de una década. Las responsabilidades cada quien las asume. Aquí solo la población engañada podrá enmendar este entuerto. Los representantes, queda plenamente demostrado, no son confiables en tanto asumieron acríticamente el proyecto de la GWP o intercedieron para hacerlo mejor ajustado a los intereses de los grupos económicos poderosos. Es momento de las acciones concretas para detener ese proyecto que viene a afectar a toda la población. Imposible quedarse inerte ante las habas que se cuecen en el antro legislativo.

Notas

[1] Global Water Partnership (2011) Quiénes somos. Recuperado de http://www.gwp.org/es/GWP-Centroamerica/ACERCA/quien/quienes-somos/

[2] Global Water Partnership (2017) History. Recuperado de http://www.gwp.org/en/About/who/History/

[3] The World Bank (2010) Water Partnerships. Recuperado de https://archive.is/20120630091858/web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/0,,contentMDK:20271606~menuPK:559033~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:244381,00.html

[4] Solanes, M. y González-Villareal, F. (2001) Los Principios de Dublin Reflejados en una Evaluacion Comparativa de Ordenamientos Institucionales y Legales para una Gestion Integrada del Agua. Recuperado de https://www.cepal.org/samtac/noticias/documentosdetrabajo/4/23444/GWP00296.pdf, p. 1

[5] Ibíd., p. 5

[6] Ibíd., p. 6

[7] Ibíd., p. 7

[8] Ibíd., p. 27

[9] Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (2009) Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Recuperado de http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/iwrm.shtml

[10] Mora, J. (2015, 14 de julio) Historia del proceso por la Ley de Recursos Hídricos. Diario Extra. Recuperado de http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/264355/historia-del-proceso-por--la-ley-de-recursos-hidricos

[11] Grupo Técnico del Agua (2004) Hacia una Nueva Ley del Agua. Memoria de un proceso de construcción participativa. Recuperado de http://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cam_files/hacia-una-nueva-ley-del-agua.pdf, p. 9