Una inconstitucional consagración del Antiguo Régimen

1789 es el parte aguas de la historia occidental. En esa fecha se da por concluido “oficialmente” el Antiguo Régimen. Marca la victoria de las democracias liberales burguesas sobre las antiguas monarquías absolutistas. Es la Revolución Francesa. Esta puso fin al poder de la nobleza, a las antojadizas y caprichosas decisiones del rey, al amancebamiento de la Iglesia y el Estado.

El pasado 3 de agosto, el periódico La Nación, titulaba: “Iglesia Católica puso a los tres poderes a pedir perdón”. Como si fuera una broma de mal gusto, los presidentes de los tres poderes de la República: Laura Chinchilla (Ejecutivo), Luis Fernando Mendoza (Legislativo) y Zarela Villanueva (Judicial) se consagraron a Dios y a la Virgen de los Ángeles en la festividad de esta, el 2 de agosto, a la vez que: “Al hacer esta consagración, le pido perdón a Dios por todas las transgresiones que se hayan hecho en el pasado en nuestra patria y por todas aquellas decisiones que se hayan tomado estando en contra de sus mandamientos”, recitaron uno por uno los presidentes.

Sin embargo, entre la algarabía del protocolo, parece que a alguien se le olvidó, antes de poner a los presidentes a hacer lectura de esta trama, revisar primero la Constitución Política del país, donde claramente se violentan los derechos fundamentales de los ciudadanos y lo que, a su vez, significa una odiosa intromisión de la Iglesia Católica dentro del Estado de Derecho.

Si bien la Constitución establece en su artículo 75 que la religión Católica es la del Estado, se salvaguarda la libertad de culto para el resto de personas, sin importar que estos sigan siendo minoría frente a una confesión que va en franca decadencia entre el sentir espiritual del pueblo costarricense según las últimas encuestas. Esto porque dichos presidentes son representantes de toda la Nación y no solo del porcentaje que se declara católico.

Así mismo, la Constitución Política establece, en su artículo 11, que “los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. […]La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas”. Según lo anterior, los funcionarios públicos encabezados por los tres presidentes de los poderes de la República, son depositarios de una autoridad que se llama la Nación (artículo 2 de la Carta Magna), es decir, el pueblo soberano que los ha elegido como sus representantes. Es el mismo pueblo que cuenta con multiplicidad de formas de pensar y que, mediante contrato social con los gobernantes, respeta esas diferencias y vela por todos, en lo ideal, bajo condiciones de igualdad, y esto es recíproco respecto a los representantes.

Igualmente, los funcionarios deberán someterse a la ley y no pueden arrogarse facultades que no se les ha concedido, de ahí que viene la pregunta sobre: ¿quién autorizó a los presidentes pedirle perdón a una autoridad a la que no deben cuenta alguna? De aquí parte lo que se continúa en el mismo artículo, al afirmar que están obligados a dar rendición de cuentas, misma que se hará públicamente sólo ante la autoridad que los eligió: el pueblo soberano. A nadie más se deben los funcionarios, mucho menos los electos popularmente y enfatizando que, al menos para el Poder Ejecutivo y Judicial, el requisito de membresía es ser del estado seglar, que podría también vincularse con el artículo 28 respecto a la prohibición de hacer propaganda política a clérigos o seglares valiéndose de la religión. En resumen, no es a los obispos o sacerdotes que los gobernantes deben pedir perdón alguno pues no dependen de ellos pues quienes fueron elegidos en la función pública son laicos, que quizás profesan una fe, pero laicos al fin.

¿Cuál era el fin de esta consagración? Ni idea, pero toda aquella sangre que dejó 1789 para que la democracia liberal triunfara sobre el Antiguo Régimen, quedó aplastada el 2 de agosto de 2013 en la explanada de la Basílica de la Virgen de los Ángeles cuando a alguien se le ocurrió una idea muy proselitista: que los presidentes de los poderes que representan el oficialismo se pusieran a dar golpes en el pecho contra los errores cometidos (y de los cuales no se duda). Estos actos de inconstitucionalidad no solo son bochornosos para un Estado moderno, sino que plantea el retrograda, ignorante y sumiso papel de los gobernantes de este país.

¿Es necesario un Estado Laico? La respuesta la dieron Laura Chinchilla, Luis Fernando Mendoza y Zarela Villanueva.